miércoles, 26 de junio de 2019

Yo y mi derecho

Hace unos días en el transcurso de una charla informal me di cuenta de que la polisemia del lenguaje produce siempre defectos de interpretación.
Esto aumenta cuando el lenguaje pasa de lo que podríamos llamar lenguaje natural a lenguaje técnico.
El problema es que estamos condenados a usar las mismas palabras para describir cosas diferentes, de ahí que sea muy común que en lo cotidiano se recurra a anglicismos cuando entramos en temas relacionados con la técnica o los negocios.
No lo justifico. El Español es un lenguaje lo suficientemente rico como para poder afrontar los retos de nominar las cosas nuevas que van apareciendo... quizá el problema radica en que cada vez usamos menos palabras para expresarnos.
Un adolescente en España tiene un vocabulario aterradoramente pequeño, fruto - indudablemente - de la caída en picado de la lectura ante el consumo de productos "multimedia" (videos, audios...)
La interpretación que del término "derecho" hace una buena parte de la sociedad española es es un caso paradigmático.
Los "derechos" desde el punto de vista jurídico deben interpretarse como ausencia de injerencia... me explicaré.
Cuando nuestra Constitución dice que los españoles "tienen derecho" a una vivienda, lo que está diciendo es que si yo, español, deseo comprarme o alquilar una vivienda, el Estado o mis vecinos no pueden hacer cosa alguna para impedírmelo, dado que es un "derecho" contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
Esto es interpretado por los de siempre, los que no entienden de nada, como que el Estado "está obligado" a proporcionarme una vivienda... y no es así.
Algo parecido sucede con la educación o con la sanidad.
El que tiene derecho a estudiar es el niño, y si no posee los medios económicos necesarios, el Estado, de forma graciable, le proporciona con nuestros impuestos la posibilidad de recibir esa educación.
Y esto es así porque somos un país generoso y solidario (como gusta decir a los progres) y en su momento acordamos que fuese así... pero obligación no tenemos ninguna.
Si el niño no desea estudiar yo no tengo ninguna obligación de proporcionarle medios para que lo haga... de una manera explicita, el niño que manifiesta una reiterada actitud negativa ante su propia formación, está renunciando a su derecho.
Sucede que mientras el niño es pequeño asumimos que no posee la madurez necesaria para tomar esa decisión, y le "obligamos" a formarse. Esto lo hacemos también de forma egoísta para evitar que nuestra sociedad se llene de analfabetos, pero en el momento en el que el muchacho adquiere la mayoría de edad, el Estado pierde "la obligación" de educarle.
Las becas para estudiar no se proporcionan porque el estudiante sea pobre, se proporcionan porque quiere estudiar y no dispone de recursos.
Si no aprueba las asignaturas, no hay que becarlo... del mismo modo que si su padre puede correr con los gastos de su educación, tampoco hay que becarlo.
Con la sanidad sucede lo mismo.
Si te pones enfermo el Estado no puede impedir que intentes curar tu enfermedad... y si no posees los medios pare ello, te proporciona unos servicios sostenidos por la Seguridad Social (que lamento decirlo pero fue un invento del franquismo, no de Felipe González, a cada uno lo suyo).
Significa esto que si yo quiero aumentar el tamaño de mis pechos o rectificar la curvatura de mi nariz, al no poder considerarse esto una enfermedad, el Estado no tiene obligación alguna de financiármelo.
El embarazo, por ejemplo, no es una enfermedad (que yo sepa).
De modo que financiarme la "interrupción del embarazo", que sería el equivalente a "sanar" la "enfermedad", no es obligación del Estado... así que lo del "aborto libre y gratuito" será muchas cosas, pero no tiene nada que ver con el derecho a la sanidad.
¿Estamos?
El español por el mero hecho de serlo tiene derecho al trabajo... es decir, repito machaconamente, que el Estado no puede impedirle trabajar cuando - con su esfuerzo y preparación - consigue un contrato laboral.
Y ya está.
Puede sonar duro, pero hasta que no asumamos que todas esas prestaciones que el Estado reparte en nuestro nombre son fruto de nuestra natural generosidad y que no estamos obligados a proporcionarlas, nuestros políticos van a estar tirando el dinero en nuestro nombre.
A los MENAS (y disculpen que siga con la matraca) que son esos menores que llegan sin oficio ni beneficio a nuestro país, les acogemos en centros de menores y les proporcionamos una "paga" hasta su mayoría de edad.
Esta paga que puede equipararse a la pensión de viudedad (unos 600 euros) ha sido recientemente ampliada en Cataluña hasta que el menor alcance los 23 años.
Habida cuenta que el sueldo mínimo en Marruecos es de unos 200 euros, es decir, que por partirse el lomo de sol a sol te pagan 200 euros, ¿No creen ustedes que esto produce un cierto "efecto llamada"?
Es mas, ¿Creen ustedes que ese efecto llamada se va a producir sobre personas formadas y cualificadas para trabajar, que al llegar a España pueden optar por un sueldo mayor?
No, nuestras subvenciones atraen únicamente a inempleables.
Y no me opongo a que alguien que llega nuevo a España tarde un tiempo en aprender nuestro idioma y adquirir una formación - si no la tiene - que le permita integrarse en nuestra sociedad y tirar del carro como hacemos todos... pero si manifiesta una reiterada voluntad de no integrarse, no aprende un oficio y se contenta con la subvención, lo que hay que hacer con él es mandarlo a su casa.
No tiene derecho a que yo le subvencione... porque ese derecho no existe.
Así que habrá que empezar a decirle a nuestros representantes que tengan un poquito de respeto por nuestros bolsillos.
Y eso, creanme, no está reñido con la "solidaridad" o los derechos humanos.
Eso es lo que quieren hacernos creer los que viven de ese cuento.